El Consejo Constitucional de Francia anuló este viernes el principal artículo de una ley que buscaba prohibir el acceso de los menores de 15 años a las redes sociales, al considerar que la medida representaba una restricción desproporcionada a la libertad de expresión y no ofrecía garantías suficientes para proteger la privacidad.
La decisión representa un revés para el presidente Emmanuel Macron, principal impulsor de la legislación aprobada de manera definitiva por el Parlamento el pasado 21 de julio y considerada una de las primeras iniciativas de este tipo en Europa.
Aunque los magistrados reconocieron que existe una obligación constitucional de proteger el interés superior de los menores, señalaron que ese objetivo no permite establecer una prohibición general sin considerar las características de cada plataforma ni las circunstancias particulares de cada usuario.
El Consejo Constitucional sostuvo que la libertad de expresión y comunicación constituye una condición esencial para la democracia y una garantía para el ejercicio de otros derechos. Por ello, consideró que la prohibición planteada iba demasiado lejos al impedir de manera general el acceso de los menores a distintos servicios digitales.
Uno de los principales cuestionamientos de los magistrados fue que la legislación no distinguía entre las diferentes redes sociales ni tomaba en cuenta los riesgos específicos que puede representar cada plataforma.
De acuerdo con el dictamen, la norma podía terminar bloqueando a menores el acceso a servicios en línea para los cuales no se había demostrado que representaran un riesgo para su salud o seguridad.
También fue cuestionado que la prohibición se aplicara automáticamente a todas las personas menores de 15 años, sin considerar factores como la edad exacta, el nivel de madurez o la situación familiar.
El Consejo señaló además que los padres o tutores no tendrían facultades para decidir si un menor podía acceder a determinadas plataformas, limitar la prohibición o autorizar el uso de ciertos servicios.
Otro punto pendiente es la protección de la privacidad. Los magistrados consideraron que la legislación no establecía garantías legales suficientes para asegurar que los mecanismos utilizados para determinar la edad de los usuarios respetaran ese derecho.
La ley no contemplaba un sistema específico de verificación de edad. En cambio, dejaba en manos de las propias plataformas, entre ellas Facebook y TikTok, la implementación de mecanismos para comprobar cuántos años tenían sus usuarios.
Tras conocer la decisión, Macron ordenó al primer ministro Sébastien Lecornu trabajar en una nueva propuesta que tenga mayor solidez jurídica y que tome en cuenta tanto el dictamen del Consejo Constitucional como el marco normativo europeo.
El gobierno francés pretende presentar una nueva redacción que permita retomar la iniciativa antes de que concluya el mandato de Macron, previsto para mayo de 2027.
El Palacio del Elíseo aseguró que la determinación del presidente para impulsar una regulación destinada a proteger a los menores de las redes sociales permanece intacta.
La legislación aprobada en julio contemplaba algunas excepciones para servicios como enciclopedias en línea, plataformas de desarrollo de software libre y proyectos educativos de código abierto.
